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Sonia Bernal, defensora del pueblo regional de Casanare, dio a conocer las actividades planteadas para este viernes y sábado en los municipios de Maní y Paz de Ariporo donde las comunidades exigen a las petroleras cumplimiento de las diferentes políticas de contratación con empresas y mano de obra local, en esta situación la defensoría busca ser un puente de comunicación y servir de mediadores buscando que se cumplan los derechos humanos.
De igual manera se refirió a la acción popular interpuesta por esa entidad con el fin de garantizar el acceso de la población indígena de Caño Mochuelo a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento.
Dentro de este proceso judicial este 27 de enero se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento para conciliar entre gobierno nacional, gobernación de Casanare y las alcaldías para garantizar los derechos básicos como agua potable, alcantarillado y programas serios y permanentes de salud; para evitar problemas de salubridad, en especial a niños y niñas que son la mayoría de la población de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicado entre Paz Ariporo y Hato Corozal.
El magistrado realizó un fuerte llamado de atención a los delegados de ministerios Interior y Vivienda y agua potable para que a este tipo de audiencias asistan funcionarios con poder de decisión.
Luego de un largo espacio en que las entidades expresaron su voluntad de NO pactar lo pedido en la acción popular, frente a insistencia y amplia exposición de la vulneración de derechos que hizo la defensora regional del pueblo, Sonia Bernal, defensora de los derechos de las comunidades indígenas se logró que los funcionarios empiecen a revisar las acciones urgentes para presentar en próxima audiencia una propuesta de pacto para conciliar, que permita que la población indígena de este sector cuenten con agua potable y otros servicios.
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