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La Contraloría Departamental de Casanare imputó responsabilidad fiscal al exAlcalde de Maní, Javier Montoya Salcedo, el señor Mauricio Alfonso Tovar, en calidad de secretario de Gobierno de la época y la señora Rocío Zamora, quien suscribió el estudio previo del proceso contractual. Los hechos tienen que ver con la firma del contrato de suministro No.194 de 2011, por medio del cual se adquirieron unos vehículos para las fuerzas militares y de policía, celebrado entre el Municipio de Maní y la empresa Hidroductos limitada, representada legalmente por el señor Julio César González.
Según el ente de control, los antes mencionados deberán responder solidariamente por la suma de Doscientos cuarenta y tres millones de pesos ($243.000.000). El valor del contrato fue de 624 millones de pesos.
En desarrollo de la auditoría, la Contraloría logró descubrir que, en el estudio previo se anexaron cotizaciones adulteradas según la declaración rendida bajo gravedad del juramento por el representante legal de la empresa Marketing suministros y servicios ingeniería S.A., quien en el trámite del proceso tachó de falsa la cotización presentada por su empresa. Lo anterior al parecer, para acomodar el valor del contrato a gusto de los interesados.
Mauricio Alfonso Tovar, también fue secretario de gobierno en la administración del ex Alcalde Tony Ávila Hernández.
Llama la atención que, el supervisor del contrato, Mauricio Alfonso Tovar, haya permitido que, con recursos públicos se comprara una moto a nombre personal del exsecretario de Obras Públicas de la época, Señor Rolfer Mariño Sánchez, tal como lo establece el fallo del ente de control, y quien actualmente se encuentra inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y contratar con el estado.
El hallazgo de la contraloría tiene alcance de orden fiscal, penal y disciplinario, en la medida que, se puede estar presuntamente frente a los delitos de fraude procesal, prevaricato por acción y omisión, peculado en favor de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos, este proceso se encuentra actualmente en apelación.
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