Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, cuestionó el actual Sistema General de Regalías en una columna publicada el domingo en el diario El País, titulada “Regalías al quirófano”.
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En ella hace un recuento sobre el proceso que se dio para que el gobierno nacional recortara las regalías de los municipios y departamentos productores de recursos minero energéticos para distribuirlos en toda la nación a través de órganos colegiados. Posteriormente critica que esta situación generó mucho descontento en esos entes territoriales.
Agregó que el nuevo sistema terminó siendo inequitativo no solo con las regiones productoras que ahora solo reciben menos del 20% de las regalías, sino que los departamentos que más reciben regalías sean Antioquia, Valle, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, que cuentan con economías más pujantes y de mayor desarrollo.
Francisco Lloreda, opinó que esto ha generado en las regiones productoras un rechazo a las actividades minero energéticas y hay oposición a través de vías de hecho o abuso de los mecanismos de participación como las consultas populares sobre si la gente quiere entre agua o petróleo, por ejemplo.
También crítico la recentralización soterrada del manejo de las regalías. Y finalmente dijo que el país necesita un nuevo sistema general de regalías, más justo y equitativo con las regiones productoras.
Columna completa
Regalías al quirófano
El sistema general de regalías hizo crisis. La iniciativa, que buscó distribuir entre todos los departamentos y municipios del país el recurso, destinarlo a proyectos estratégicos, y acabar con la corrupción regional, está teniendo un efecto boomerang que amenaza la sostenibilidad del propio sistema, pues las regiones petroleras, perjudicadas con la reforma, empiezan a dudar de los beneficios de tener a la industria en su territorio.
El antiguo sistema de regalías tenía falencias: ocho departamentos que contaban con el 17% de la población recibían el 80% de las regalías directas que en muchos casos se destinaban a proyectos de bajo impacto social y económico, la alta dependencia de las regiones petroleras de las regalías las conducía a hacer un mínimo esfuerzo tributario local, y pululaban los casos de corrupción. Trilogía perfecta para sustentar un cambio.
Ante ese panorama, con los precios del petróleo por el cielo -que le abrió las agallas al gobierno central y al resto de regiones del país-, y con un congreso donde las regiones productoras están claramente sub representadas, la idea de “repartir la mermelada en toda la tostada” caló, procediéndose a modificar la Constitución. No valieron las voces de rechazo de las regiones petroleras que calificaron la reforma como un ‘raponazo’.
Luego de lo que en su momento Semana llamó “la piñata de las regalías” (pues todo el mundo quería una parte de la tajada -estaban en juego la módica suma de 85 billones de pesos a sólo ocho años vista-) el país pasó de 522 a 1.089 municipios receptores de regalías y se crearon instancias colegiadas a nivel regional para definir los proyectos con criterio técnico y presencia del gobierno central como el garante de su buen uso.
En tres años -2012 a 2015- las regiones productoras pasaron de recibir el 80% al 20% de las regalías y el gobierno central a pavonearse en los escenarios internacionales, mostrando el sistema como un modelo. Mientras tanto, en las regiones productoras, donde está la actividad petrolera con impactos positivos y negativos, se empezó a incubar un malestar creciente, recibiendo la industria esa carga de rabia e impotencia.
El nuevo sistema, presentado como instrumento de equidad, terminó siendo además inequitativo. No sólo con las regiones productoras sino entre las regiones del país. No se entiende, y lo digo como vallecaucano, que departamentos como Antioquia, Valle, Cundinamarca, y Bogotá, sean grandes receptores de regalías, teniendo economías pujantes y sin duda, mejores condiciones de desarrollo que las regiones petroleras.
Lo ocurrido se convirtió en caldo de cultivo de bloqueos violentos e ilegales contra la industria como medio de presión ante el gobierno central, del abuso de la figura de la consulta previa utilizada por muchos como fachada para extorsionar a las empresas, y de acciones y consultas populares con intereses políticos soterrados que manipulan la sensibilidad ambiental con falsos dilemas como la escogencia entre agua o petróleo.
Grave. Más cuando se decide meterle la mano al sistema por la puerta de atrás para centralizar parte de las regalías perjudicando no sólo a las regiones productoras sino a todas. Si queremos tener regalías, y una industria que le siga aportando recursos y desarrollo al país, hay que tener actividad petrolera y esta se encuentra amenazada. Se necesita un nuevo sistema de regalías, justo y equitativo con las regiones productoras.
Abogado y doctor en política de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como Ministro de Educación, Embajador en La Haya, Alto Consejero Presidencial para la Seguridad Ciudadana, y Director de El País de Cali. Actualmente es Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, gremio de la industria de hidrocarburos.