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Ayer en audiencia de conciliación sobre fallido proyecto de apartamentos Torres de Palmarito, fue declarada fracasada la etapa de conciliación. Constructora llegó sin apoderado y sin propuesta de reparación. Hoy continúa la audiencia en el Juzgado Tercero Civil del Circuito.
Oscar Sampayo, abogado de aproximadamente 44 de los compradores que interpusieron una acción de grupo ante el incumplimiento de la constructora, expresó que esta no atendió la audiencia con un abogado por carecer de ella, intentando dilatar el proceso. A pesar de esto el Juzgado no aplazó la audiencia y reconvino a la representante legal Julia Johana Marta, por esta situación.
Para Sampayo los delitos en que incurre la constructora tienen que ver con la captación ilegal de recursos o estafa porque sus poderdantes invirtieron sumas de buena fe que oscilan entre los 20 y 60 millones de pesos redondeando los mil millones entre todos los 52 de 180 inversionistas conocidos.
Los afectados quieren básicamente que si no se realiza el proyecto les reintegren los recursos invertidos más intereses. Varios de los compradores afirman haber entregado el dinero al actual diputado Manuel Albarracín, quien ha pretendido desligarse de esta constructora.
La gerente de la constructora dijo que los compradores invirtieron 3 mil millones de pesos representados en un terreno avaluado en 6 mil millones. También dijo que se quiere conciliar y si no se puede se llegaría a la liquidación del proyecto. Y dijo que aún no hay propuestas concretas para solucionar la problemática. Incluso se ha pensado en anular la construcción. De su hermano Manuel Albarracín dijo que no hacía parte del proyecto.
Derly Rincón, una de las compradoras afectadas, dijo que la constructora está acostumbrada a dilatar los procesos y por ello no llega con propuestas concretas. Hace dos años debían entregarse los apartamentos. Y ratificó que el único dueño de este proyecto es Albarracín, solo que utiliza a otras personas para hacer la representación de la constructora. Recuerda que Fernanda Salcedo lo denunció por urbanización ilegal.
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