El Procurador 72 Judicial y Administrativo de Yopal, busca recuperar un terreno ubicado frente a las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquia, pero para eso pretende por vía judicial sacar a 24 pequeños y medianos tenderos.
Esta procuraduría a cargo del abogado Wilson Mesa, interpuso una acción popular contra las secretarías de Planeación, Salud, Idury, Gobernación de Casanare y Enerca, por considerar que estas entidades y los usuarios de las tiendas vulneran derechos constitucionales colectivos.
Derechos como, el goce de un ambiente sano, el goce y utilización adecuado del espacio público, la seguridad y salubridad del espacio público, la seguridad a infraestructura que garantice la salubridad pública, la prevención de desastres entre otros derechos.
La situación es que desde el año 2009, estas entidades demandadas, han autorizado, permitido o certificado en su momento que no existe riesgo alguno para la debida utilización de este espacio, donde 24 familias atienden a los distintos usuarios que llegan del vichada, Arauca y Casanare en cuanto a refrigerios, pañales, almuerzos y frutas, entre otros bienes y servicios.
La información que entregan los pequeños y medianos empresarios a Contacto Noticias, es que esta no es la primera vez que los intentan sacar del lugar, en su momento entre Jorge García y Antonio José Gutiérrez, el primero fungiendo como alcalde de Yopal y el segundo como arrendatario lograron suscribir un contrato de goce y usufructo del terreno, que buscaba que los pequeños y medianos empresarios pagaran un arriendo, estipulando que por cada metro cuadrado que hicieran uso, debían cancelar once mil pesos, a fin de poder seguir desarrollando sus actividades económicas.
Dentro de las novedades de esta situación, está que el señor José Gutiérrez cedió el contrato a la empresa Sociedad Transportes Y Servicios Del Oriente SAS, en cabeza del señor Jorge Neita.
Los tenderos, afirman que como nunca hubo cumplimiento de la adecuación de los servicios públicos, compromiso en principio del señor Gutiérrez y después de la empresa (Transoriente SAS), ellos como usuarios tampoco pagaron dichos cánones de arrendamiento.
Por lo que (Transoriente SAS) optó por entrar a demandar legalmente el derecho a la posesión del terreno, hecho que según los tenderos tampoco les funcionó, porque la justicia al revisar el caso no encontró mérito para amparar dichas pretensiones.
Advierten los tenderos, que el área del terreno en disputa tiene aproximadamente una hectárea, no toda esta ocupada, pero aquella que sirve para los establecimientos comerciales, cuentan con servicios públicos porque ellos mismos asumieron los costos y arreglos locativos. Por lo que decidieron hacerse parte dentro del proceso actual de la acción popular, debido que en principio el procurador Wilson Mesa no los vinculó al proceso.