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Por desacatar la orden de un juez y dilatar mediante maniobras jurídicas el desalojo de familias invasoras de la Nueva Esperanza, la Alcaldesa (e) de Yopal, Luz Marina Cardozo y el Inspector Segundo de Policía, Luis Gabriel Pérez González deberán someterse a un arresto de cinco días en la estación de policía de esta ciudad. Compulsarán copia a Fiscalía por posible fraude procesal.
Así lo determinó el Juez Primero Civil Municipal Hugo Fabian Rojas Barreto al resolver un incidente de desacato a una tutela que este había fallado el pasado 29 de septiembre de 2015 y que ordenaba proceder con el lanzamiento por ocupación de hecho en el predio ubicado entre las calles 40 hasta la 50 a uno de los costados del caño Usivar.
Tras el fallo de tutela el inspector Luis Gabriel Pérez presentó como requisito para proceder la obligación de la propietaria de cubrir los gastos operativos del lanzamiento que incluía una larga serie de elementos que al ser cotizados por el abogado de la parte demandante, Yury Rodríguez, se estimaron en 1.200 millones de pesos.
Esto llevó a que el abogado Rodríguez iniciara el incidente de desacato por considerar que se estaba pidiendo lo imposible.
Lo más grave de todos este asunto para los funcionarios implicados es que además del arresto deberán pagar cada uno cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $3 millones 500 mil pesos y se les compulsará copia a la Fiscalía General de la Nación por el posible delito punible de fraude a resolución judicial.
Y en todo caso el Juez ratificó que la Alcaldía e Inspección Segunda deben proceder sin más dilación a la diligencia ordenada hace ya casi un año.
Asesor Jurídico Alcaldía de Yopal se pronuncia
El asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal, Juan Carlos Suárez, cuestionó al juez por la medida e indicó que este fallo está sujeto a un grado de consulta que se debe surtir ante un juez de segunda instancia por ello ni la alcaldesa (e) ni el inspector segundo de policía irán a la cárcel mientras no exista ese pronunciamiento.
El funcionario dijo que está seguro que en la segunda instancia será revocado este proceso porque el juez está incurriendo en prevaricato al ordenar que en 48 horas se realice el desalojo de cinco mil personas que viven en el asentamiento, violando o vulnerando los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que deben cumplirse unos protocolos antes de un lanzamiento.
Igualmente consideró que la Alcaldía sí estaba cumpliendo con la orden de desalojo pero para ello debió suspender la diligencia por petición de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Yopal mientras se hacía una caracterización de las familias residentes en ese predio. Esto ya se hizo y se le presentó al Juzgado y a pesar de ello se da el incidente de desacato.
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