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En un completo “triángulo de las bermudas” se convirtió el traslado de un expediente que la Corte Suprema remitió a la Fiscalía para que investigarán a funcionarios públicos por las presuntas irregularidades que se cometieron en la entrega de 22.000 millones de pesos de la gobernación de Casanare a Fidupetrol.
Se trata de la solicitud de investigación que hizo la Corte contra funcionarios públicos.
La solicitud de investigación llegó a la Dirección Nacional de Fiscalías, en ese momento arrancó el enredo para el famoso expediente. En lugar de pasar a un fiscal especializado en Bogotá el proceso se fue para el municipio de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, según explicó la Fiscalía a Caracol Radio, porque el dinero de las regalías de Casanare fue invertido en proyectores de minería.
Luego un fiscal desempolvó el proceso, vio que decía departamento de Casanare y lo remitió a Yopal, donde descansó por meses hasta que estalló el escándalo de Fidupetrol y los sobornos en la Corte Constitucional.
Hubo reclamos de justicia por la falta de resultados en contra de los funcionarios de Fidupetrol y Fiduagraria, además de todos los que facilitaron que el dinero de la gobernación terminara en manos de privados.
El último tiquete de ese expediente tuvo como destino Bogotá, la dirección Anticorrupción de la Fiscalía, el lugar que debió ocupar hace cerca de dos años, allí, de acuerdo con los investigadores, avanzan con decisiones que esperan resolver las dudas plateadas por la Corte Suprema y que siguen pendientes.
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