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La atracción del capital extranjero, recomendada en el Plan Colombia y en los acuerdos con el FMI a comienzos de siglo, implicó arreglos macroeconómicos y ‘carnadas’ tributarias que convertían al país en paraíso competidor con otros destinos, incorporando al mismo tiempo tratados de comercio y de protección de inversiones. Las rentas exentas, descuentos y deducciones formaron el plato fuerte. Por ese camino se dieron beneficios en impuestos a personas jurídicas, entre el 2004 y el 2014, por cerca de $ 58 billones (del 2014), equivalentes en costos –a cargo del Estado– superiores al 1 % del PIB anual.
Según la Dian, para el 2013, el sector de servicios financieros participó con el 37,3 % del total nacional de ingresos que no constituyeron renta, y la minería, con el 30 % de todos los descuentos concedidos; es un parámetro igual para casi todos los años, que causó tarifas de renta efectivas muy por debajo de las nominales. Más de uno de cada tres pesos de esas gabelas se fue para estas dos ramas económicas y, si al final se omiten las exoneraciones a la educación, la defensa y la salud, salen favorecidos hasta con más de la mitad del costo fiscal de las mayores prerrogativas.
Tan costoso como lo anterior son los 68 contratos de estabilidad jurídica, entre ellos con 25 transnacionales, Sab Miller, Comcel, Siemens, Éxito, Renault, Eternit, Telmex, Isagen, Falabella, Baxter, Arcelor, 11 compañías del Grupo Empresarial Antioqueño y algunas del Grupo Aval, blindadas contra modificaciones tributarias, en casos hasta por 20 años, a cambio de ‘inversión’ y de empleo. Un reporte a 2010 contaba que los puestos directos, creados al amparo de dichos contratos, no alcanzaban ni a 20.000. El balance consolidado de los ingresos brutos de dichas firmas –para el 2014, según la Dian– sumó $ 104 billones; la renta líquida gravable, luego de deducciones, llegó hasta $ 9,51 billones, y el impuesto por pagar, fruto de más descuentos, fue de $ 2,08 billones. ¡Una ganga!
Igualmente lesiva resultó la eliminación del impuesto a los giros hacia el exterior que las transnacionales hacen de las ganancias obtenidas. Era del 7 % hasta el 2006 y, a partir de ahí, quedó en cero. Cuando tales giros de las utilidades de la inversión extranjera desde el 2007 se multiplican por la tasa de cambio promedio para cada año, se les aplica el 7 % y se llevan a pesos del 2015, el regalo suma $ 18 billones. Algunos criollos vueltos foráneos con Panamá Papers también gozan de tan inicuo patrocinio.
Hay que contabilizar el régimen privilegiado de zonas francas. En el 2006 eran 11, en el 2010 subió a 79, mientras en el 2016 ya alcanzan a 102, que disfrutan de tarifa especial de impuesto de renta de 15 %, sin pago de IVA externo ni arancel, ni de IVA para insumos y bienes adquiridos en el territorio nacional. El costo para el 2010 de esos privilegios, según el Banco de la República, se acercó a 0,8 % del recaudo total de renta, en una suma total que, entre el 2004 y el 2014, llegaría a dos billones de pesos. De remate, unas empresas, catalogadas como zonas francas especiales, tienen además contrato de estabilidad jurídica, constituyendo así, como dijo alguien, un verdadero ‘Frankenstein’.
Si se agregan las rebajas otorgadas en el 2014 a la tasa de renta para los intereses devengados por los fondos extranjeros tenedores de deuda pública en TES –del 33 % al 14 %– y a la del gravamen a las herencias, el cuadro completo de prebendas, que puede subir a $ 100 billones, igual a 10 reformas, se asemeja a la parábola evangélica de Epulón, un hombre rico acostumbrado a orgías derrochonas, y de un mendigo, Lázaro, que echado a su puerta vivía de las migajas. En este caso, Lázaro deberá forzosamente pagar el festín sin haber recibido migajas. El milagro lo operará la tercera reforma tributaria de Santos. Aurelio Suárez Montoya
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