
Mediante un oficio dirigido a las alcaldías del departamento, el gerente del Instituto Financiero de Casanare – IFC, Dairo Juya, solicita a alcaldías y entidades que para el próximo año se tenga en cuenta en la etapa de contratación del personal vinculado a las administraciones, que no sean deudores morosos y si lo son, solicitarles una certificación que acredite que se encuentran a paz y salvo, o que se encuentran al día con las obligaciones financieras y/o acuerdo de pago con el instituto.
El gerente Dayro Juya, definió el oficio como una medida de cobro, para quienes tienen contrato laboral en las administraciones y así se acerquen hacer acuerdos de pago, aclaró que la decisión de acatarla depende de cada alcalde, según el oficio, la solicitud se hace ya que a la fecha son muchos los deudores que laboran en las diferentes entidades departamentales y municipales y no se han puesto al día.
Sustenta la solicitud en base al artículo 209 de la constitución política, resaltando que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado (…)” solicitando a las administraciones municipales, “que si todos como entidades nos coayudamos podremos seguir fomentando el desarrollo económico y social del Departamento de Casanare” afirma el documento.
La medida ha sido cuestionada por los beneficiarios y ha generado una molestia general en la comunidad, pues se interpreta como una violación al derecho al trabajo, además de la confidencialidad que debería manejar el instituto con los deudores, quienes han señalado que existen mecanismos legales establecidos para realizar los cobros.
Los beneficiarios han denunciado que son pocas las opciones brindadas por el IFC para realizar acuerdos de pago, muchos aseguran haberse acercado hacer abonos a sus deudas sin que se les reciba, además del trato poco corte de algunos de los funcionarios, por todas estas presuntas irregularidades han anunciado que continuarán con el proceso de solicitud de una nueva ordenanza.