Jueces ayudaron a robarse las tierras en Colombia

Durante una conferencia en la celebración de los 48 años de la Cámara de la Propiedad Raíz, en Bogotá, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, denunció que “los jueces ayudaron a robarse las tierras en Colombia, conformando una alianza con propietarios y abogados de mala fe que terminó en la apropiación ilegal cercana a un millón y medio de hectáreas en distintos puntos del país”.

El funcionario explicó que han identificado cerca de 26.000 predios en esa condición, por lo que se está trabajando en una estrategia de tutelas colectivas, es decir que agruparán varios casos en una sola, con el fin de hacer una restitución expedita de estas extensiones de tierra, sea a personas o al propio Estado que acrediten la propiedad de las mismas.

Al conocer estos anuncios, la presidenta de la Cámara de la Propiedad Raíz, Gloria Bonilla, señaló que esta iniciativa constituye una verdadera reivindicación social, sobre todo en las zonas rurales del país, lo que será de gran utilidad para recuperar millones de hectáreas de tierras, que además apoyarán fuertemente el posconflicto, que, precisamente, requiere terrenos productivos.

Vélez explicó que de 114 millones de hectáreas que tiene el país se ha identificado hasta el momento que unas 4,5 millones de hectáreas pertenecen al Estado y entrarán en procesos de restitución, ya que apenas solo 170.000 se encuentran en ese camino y de esta última cifra cerca de 95.000 hectáreas pertenecen a resguardos indígenas y comunidades afro descendientes.

El supernotariado aseguró también que en los procesos de restitución y reclamación, se está estudiando la historia total de los títulos y no solo de los últimos 20 años como usualmente se venía acostumbrando.

Vélez sostuvo también que hacia el 6 de diciembre próximo el país contará con un decreto que le da vida a la Autoridad Nacional de Tierras, un nuevo ente que pudiera surgir ya sea de la creación de un nuevo organismo o de la total reestructuración del Incoder, al tiempo que anticipó reformas legales para que los denominados lotes de engorde paguen más impuestos que los dedicados a las actividades productivas.