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José Henry Torres Mariño, ex juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, otorgó irregularmente el beneficio de detención domiciliaria a una persona procesada por narcotráfico, a cambio de 250 millones de pesos.
Por lo que la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo material de prueba que vincula al ex juez a diferentes maniobras ilícitas para lograr que la petición de una persona sentenciada por narcotráfico llegara a su despacho.
Según la Fiscalía, este togado, inicialmente, en noviembre de 2015, alteró el sistema de la Judicatura para que el caso fuera asignado en Bogotá, cuando en realidad debía de resolverse en Villavicencio.
Posteriormente, pidió a los ingenieros del Centro de Servicios de Ejecución de Penas que le entregaran el proceso sin utilizar el mecanismo de reparto aleatorio.
En 15 días, el entonces juez falló a favor del condenado y dispuso que debía cumplir la pena en el lugar de residencia, por considerar que era padre cabeza de familia.
La investigación demostró que dicha decisión no tuvo un sustento real y que el procesado no cumplía los requisitos de ley para recibir este beneficio.
“No queda duda de que el juez acusado, estando en la capacidad de actuar conforme a derecho, determinó su voluntad, de manera consciente y reflexiva, para proferir un auto concediendo al procesado la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, en abierta y manifiesta contradicción a la Ley”, precisó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
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