A cinco años de cárcel fue condenado un juez de Yopal (Casanare) que en una polémica decisión le concedió la libertad al exalcalde de Aguazul señalado de ser una ficha de los paramilitares de ‘Martin Llanos’ y de ordenar el asesinato de varias personas que incluso eran “recogidas” en una camioneta de la misma alcaldía.
Con información de El Tiempo
Se trata del juez especializado Iván de Jesús Dueñas García, condenado por el Tribunal Superior de Yopal por el delito de prevaricado por acción. El Juez fue quien concedió en 2008 la libertad a José Mauricio Jiménez Pérez conocido como El Patón y quien en su momento era investigado por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada de dos contratistas que se negaron a pagar parte del dinero del contrato a los paramilitares de ‘Martín Llanos’. Dos años después de la decisión del juez de dejar en libertad a El Patón, el exalcalde fue condenado a 29 años de prisión por ese caso.
En el expediente dice que el exalcalde era cercano y colaboraba con los paramilitares hasta el punto que entregaba nombres de las personas que debían ser desparecidas por las AUC. Igualmente testigos aseguraban que en la escolta del mandatario había tres paramilitares y que de los contratos que firmaba la alcaldía se tenían que pagar 10 por ciento a los paras y cinco por ciento al alcalde. Testigos aseguraron que el alcalde con plata del municipio compro una camioneta verde usada para secuestras a las personas que luego iban a ser asesinadas en los campamentos paramilitares.
Uno de los testigos, José Vicente Hernández Gómez, sostuvo que los paramilitares recibieron el diez por ciento del contrato para construir los palcos y la manga del coleo del municipio y que quien no pagaba era amenazado.
A pesar de esas evidencias el juez le concedió la libertad a ‘El Patón’ argumentando que se le había violado el debido proceso y dejando entrever que en el caso había móviles políticos para hacer daño al mandatario.
El Tribunal consideró en su fallo que el juez “no tuvo consideración de las contundentes evidencias de la fiscalía que merecían plena credibilidad” y solo valoró los argumentos de la defensa del exalcalde para tomar una decisión “manifiestamente contraria a la ley”.
En la sentencia se lee que el juez cometió un delito grave “que afecta a la administración pública y la administración de justicia al dejar en libertad un ciudadano señalado de cometer delitos de alto impacto social por sus alianzas con paras. Eso menguo el prestigio de los jueces frente a la sociedad”.
La Sala de decisión del Tribunal insistió que había evidencia “suficientes para imponer medida de aseguramiento preventiva” y que el acto del juez merece el mayor reproche. El fallo del tribunal fue apelado y quedo a estudio de una nueva instancia por parte de la corte.
Cuestiona además que el juez sabía lo que estaba haciendo pues “no era la primera vez que el acusado resolvía recursos de legalidad. La actuación del acusado pone en evidencia un comportamiento consciente y voluntario que apuntaba a conceder la libertad del alcalde a pesar de que había muchas pruebas en su contra”.