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11 Proyectos licenciados a la margen derecha del río Cravo Sur no cumplen los estándares urbanísticos del decreto 1469 de 2010 y 1077 de 2015. Se desconoce normas del POT para la aprobación de dichas licencias, afirma Alcaldía de Yopal en reporte al Tribunal Administrativo de Casanare en relación a la acción popular referente al río Cravo Sur.
Según la Administración municipal lo anterior conduce a viabilizar el estudio de revocatoria directa, acción de lesividad y demanda de nulidad contra los actos administrativos que aprobaron las licencias.
En el marco de la acción popular interpuesta por Marco Julio Univio Chiriví, sobre las inundaciones del río Cravo Sur, se había solicitado en reiteradas oportunidades esta información en aras de realizar un censo sobre los proyectos de vivienda ubicados en cercanía del río Cravo Sur y que se encontraran en peligro ante posibles afectaciones del río Cravo Sur.
Los proyectos en cuestión son:
Resolución de licenciamiento 102541380 del 21 de diciembre de 2015 a Socha Pérez Inmuebles.
Proyecto residencial La Posada
Proyecto residencial de Aura Clelia Reina Prieto
Proyecto residencial de Fabio Orlando Mesa
Proyecto residencial de Ángel Fabián Torres Silva
Centro ecoturístico Bosque de Viena
Proyecto denominado La Huerta
Proyecto residencial Aura Clelia Reina Prieto
Centro Vacacional Los Gansos
Condominio Prado Verde
Proyecto residencial Resolución 102541355 del 17 de diciembre de 2015.
Algunos de los proyectos mencionados fueron aprobados en las postrimerías del gobierno del designado alcalde de Yopal, Jorge García Pedraza en 2015.
Requerimientos del Tribunal sobre el río Cravo Sur
El compromiso de la Alcaldía de Yopal era entregar además la ruta crítica de la restitución de bienes de uso público y actividades de ejecución de acuerdo al diagnóstico. Sobre estos aspectos el municipio reportó que ese encuentra culminando la etapa del censo de los núcleos familiares, actividad que una vez termine permitirá llevar a cabo acciones de caracterización y titulación de bienes.
Para ello el Tribunal le ha solicitado elaborar un plan de acción que tenga un plan de acción para caracterizar riesgos y amenazas en la dimensión de los fines de las medidas cautelares bajo su responsabilidad institucional y personal. Esto tiene un plazo máximo de un mes para realizarse.
También se le requirió a la Gobernación de Casanare para que presente informe sobre actividades y obras de mitigación en la presente ola invernal.
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