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Por: MILENA SARRALDE DUQUE
Periodista de EL TIEMPO
Hay 1.100 bienes incautados a la mafia en manos de invasores.
Al menos uno de cada 20 bienes que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que les fueron incautados a narcotraficantes y delincuentes están invadidos por terceros, en su mayoría familiares, conocidos y hasta testaferros de las personas afectadas por la acción de la justicia. (Ver infografía: Bogotá, la zona con más predios invadidos)
La SAE asegura que de las más de 20.000 propiedades que administra, 5.000 fueron reportadas como invadidas cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) –liquidada por la corrupción con los narcobienes– le entregó a la entidad el manejo de las propiedades.
La SAE, que recibió el inventario a finales del 2014, ya ha identificado con visitas, predio a predio, que 1.100 bienes están ocupados ilegalmente. De ese total, 800 ya tienen una resolución de desalojo. Tras esas solicitudes se ha logrado la recuperación efectiva de 122 predios. Y hay miles de visitas programadas para verificar cómo están otras propiedades.
La invasión, como ocurre con los bienes que tiene la Unidad de Víctimas, enreda la capacidad del Estado para destinar esos recursos a programas como la atención de víctimas y la entrega de tierras a familias campesinas que no las tienen.
Uno de los últimos bienes que la SAE logró recuperar está ubicado en el barrio Popular, de Villavicencio. Tras una visita, la Sociedad encontró que una casa que se le había incautado al asesinado capo Miguel Arroyave estaba invadida y que, además, la usaban para el expendio de drogas. Tras la queja de varios vecinos, la SAE logró el desalojo del inmueble el 23 de abril pasado.
Esta situación, según Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la entidad, se repite con muchos predios incautados por delitos relacionados con microtráfico. A la brava, los dueños de esas ‘ollas’ vuelven a ocuparlas y al negocio de la venta de droga.
Eso es lo que está pasando con varios predios en uno de los sectores más deprimidos del centro de Bogotá, el barrio San Bernardo. Están avaluados en 2.000 millones de pesos y, en teoría, pasaron a la SAE a finales del año pasado.
Pero el bien más problemático del inventario de los ocupados por el Estado es la ciudadela que construyó el alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, alias Jhon Calzones, en donde viven 4.000 familias. Allá no solo habrá que enfrentarse a los ocupantes ilegales, sino resolver el drama de miles de compradores de buena fe en terrenos incautados a un testaferro de un narco de los Llanos.
Lío con ciudadela de ‘Jhon Calzones’
Una bomba de tiempo es la Ciudadela La Bendición, construida ilegalmente por el alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, alias Jhon Calzones, investigado por urbanización ilegal y por enriquecimiento ilícito.
La ciudadela, que tiene 4.170 viviendas y en la que viven más de 20.000 familias, fue levantada sin ningún permiso en un lote en extinción de dominio.
En diciembre del año pasado la SAE emitió una resolución para que ocupantes ilegales de los predios Los Manantiales y El Copey (que hacen parte de La Bendición) sean desalojados, solicitud que aún no se ha hecho efectiva porque se encuentra en trámite en la Secretaría de Gobierno de Yopal.
La mayoría de familias viven en el predio Claveles, sobre el que aún no hay órdenes de desalojo. Hay un limbo jurídico, pues no se sabe qué va a pasar con los que compraron en la urbanización ilegal. “Sobre la totalidad de La Bendición no se ha pedido el desalojo, dada la complejidad social que esto representaría”, asegura una fuente.
En su administración, la SAE ha seguido llevando agua y energía a las familias afectadas por la venta ilegal de ‘Jhon Calzones’.
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