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El Contrato interadministrativo No 4910 suscrito el 24 de noviembre de 2017, entre la Alcaldía de Hatocorozal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, con el objeto de realizar la conservación catastral de mil predios en el casco urbano de ésta localidad, presuntamente, habría sido formalizado y ejecutado de manera irregular e ilegal.
Así lo denuncio el Concejal Yurien Esneider Moreno, a la Fiscalía General de la Nación, a la dirección nacional del IGAC, y a medios de comunicación, donde afirmó que dentro de los presuntos hechos de corrupción estaría que la Alcaldía de Hato Corozal, tenía la obligación de contratar una firma idónea que convocara, seleccionara y contratara el personal que haría el proceso de reconocimiento de predios y no se cumplió.
Según el denunciante, no se cumplió, porque la empresa contratada Saga Abogados, no cumple con los requisitos legales y formales para poder contratar y ejecutar este tipo de procesos, y da como ejemplo, que esta firma de abogados, lo que hizo fue subcontratar a los mismos funcionarios del IGAC, Casanare, para realizar estas labores cuando no se podía.
Debido a que esta última entidad es quien tiene la obligación de certificar los procesos de recopilación de información física y jurídica de cada uno de los mil predios en cuestión para su reconocimiento catastral, según lo convenido en el mismo Contrato interadministrativo No 4910 suscrito el 24 de noviembre de 2017. Adicional a esto, el alcalde de Hato Corozal, habría contratado a Saga Abogados y paralelamente a la hermana del director Territorial del IGAC, para realizar algunas labores similares dentro del proceso de reconocimiento catastral, generando doble pago por una misma labor.
El denunciante, también señala que Niyer Lozano Vallejo, Director Territorial del IGAC en Casanare, habría firmado una certificación fechada el 29 de diciembre de 2017, acreditando que la empresa Saga Abogados, habría realizado y ejecutado los mil reconocimientos prediales, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, cuando esto no es verdad, pues en la actualidad no se ha cumplido con la meta de tal reconocimiento y tampoco se ha podido liquidar dicho contrato el cual fue suscrito por 90 millones de pesos con un plazo de un mes para su ejecución.
Dentro de los presuntos delitos por los cuales han sido denunciados el alcalde de Hato Corozal y el Director Territorial del IGAC, en Casanare, ante la Fiscalía General de la Nación está: Interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por apropiación, celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad en documento público.
Este hecho obligo a que, Jorge Armando porras, Director Nacional de la oficina de Control Interno del IGAC, visitara las oficinas de Yopal en donde se viene realizando una auditoria interna para definir qué fue lo que paso con este contrato interadministrativo.
Ampliación en el siguiente audio:
Concejal Sneider Moreno, Hato Corozal.
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