Orden judicial obliga al Municipio de Yopal a mejorar condiciones de trabajo de los corregidores.

En auto proferido por el juzgado segundo administrativo de Yopal, se decretó de manera parcial medidas cautelares, en el marco de la acción popular interpuesta por el sindicato de empleados de Yopal, Sindepy.

El auto del 18 de febrero de 2019. Responde a la acción popular instaurada por Sindepy, en el cual se hacen solicitudes concretas, algunas atientes a la planta física de la alcaldía.

“ …se ordenara al municipio de Yopal realizar actuaciones administrativas, presupuestales contractuales y de todo orden tendientes impedir, de forma inmediata que las instalaciones de la alcaldía de Yopal, se continúen deteriorando y permitan ejercer las labores correspondientes de los empleados a efectos de prestar los servicios a cargo de esa entidad los cuales se han visto afectados por las condiciones precarias en que se encuentran actualmente como se demuestra con los videos que se aportan en medio magnético CD con este escrito, en donde se observan las graves afectaciones sufridas por las lluvias del pasado 7 de Noviembre 2018”

El despacho referido, una vez analizada la respuesta del municipio de Yopal, que hace parte del proceso como demandado, decidió decretar una serie de medidas cautelares, que están encaminadas, especialmente, a mejorar las precarias condiciones en las que trabajan los corregidores del municipio de Yopal.

El juzgado reconoce las accione que ha hecho el Municipio de Yopal, pero lo insta a mejorar las condiciones, tanto en infraestructura como en muebles, y equipos para el normal ejercicio de sus funciones asignadas a dichos funcionarios.

Recordemos que la secretaria de hacienda Nelly Bermúdez entregó a los corregidores unos equipos de cómputo, que habían sido gestionados ante el Mincomercio. Algunos de estos computadores han sido devueltos, porque varios de los usuarios han argumentado que su estado operativo no se encontraba en las mejores condiciones. El Municipio, según el mismo auto, tiene un plazo de un mes para cumplir con lo demandado por el ente judicial.