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El gerente de Comfacasanare, Gustavo Ayala Leal, cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, en el que plantea que el famoso convenio de alimentación escolar celebrado entre la Caja de Compensación Familiar y la Gobernación fue disfrazado para realizar un simple contrato de prestación de servicios.
Ayala Leal anunció que utilizará el recurso de apelación que se les permite para en una segunda instancia llevar el caso a conocimiento del Consejo de Estado. En un tono que refleja su molestia, afirmó que más que la obligación impuesta de pagar 690 millones de pesos, su discrepancia radica en el concepto emitido por el Tribunal, según el cual la figura de convenio solo fue un pretexto pero se trató de un contrato como cualquier otro.
“Nunca en la historia se había visto esto, que un Tribunal cambiara la naturaleza de un convenio, lo cual se da por las características mismas de la jurisprudencia y no por la interpretación que de él se quiera hacer”, afirmó en tono tajante.
Pero también dejó ver su poca satisfacción con la Gobernación, entidad de la cual observa que ya tenía un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que le permitía liquidar lo pactado de común acuerdo, y a pesar de ello demandaron en lo contencioso.
En este aspecto, Ayala Leal dijo: “La Procuraduría fue la que produjo el fallo de destitución n del ex gobernador Nelson Mariño y, sin embargo, ella misma dice que el lío no es de plata, de dinero. Entonces no se entiende por qué la Gobernación insiste en que no debe pagar los recursos faltantes para liquidar”.
Finalmente planteó que la lucha jurídica será liderada junto con la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Fedecajas, por cuanto lo que se está poniendo en riesgo es que no se puedan volver a celebrar convenios en Colombia y en los que las cajas aportan recursos y apoyo técnico.
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