El Porvenir, un lío de 27.000 hectáreas en el que el Gobierno busca ejecutar un proyecto para 4 mil familias.

El pasado 29 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó en Orocué (Casanare) la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), criticada por organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, así como por partidos como el Polo Democrático y la Alianza Verde, pero defendida por el Centro Democrático y la Unidad Nacional y la Sociedad de Agricultores de Colombia. El Gobierno aprovechó la ocasión para anunciar que un terreno de 27.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta) se destinará a una iniciativa que favorecería a más de 5.000 hogares y cuya adjudicación irregular a la familia del zar de las esmeraldas Víctor Carranza se revocó en 2014.

El subgerente de tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en liquidación, Carlos Ignacio Carmona, le explica a El Espectador cuál será la nueva perspectiva de esas tierras, que el Ministerio de Agricultura presentó al país como “un piloto con el que se busca el desarrollo social y económico de mil familias en la fase uno y 4.000 más en la fase final”. Se trata de un condominio con junta directiva de Gobierno y empresarios, para desarrollar proyectos productivos en el predio El Porvenir, que volvió a manos del Estado.

Los campesinos que se integren al proyecto recibirían una parcela para sus cultivos de pancoger y construirían su vivienda, por lo que recibirían un salario. Asimismo percibirían ingresos por el pago que las empresas agroindustriales hagan al condominio por usar sus tierras. Pero Carmona advierte que no habrá adjudicaciones a nadie, pues El Porvenir se administrará de acuerdo con un decreto que se expedirá en las próximas semanas, producto del artículo 102 del Plan de Desarrollo, que permite al Incoder administrar los baldíos y no necesariamente adjudicarlos. Por lo tanto, este “piloto”, según Carmona, no será una zidres, las cuales requieren de otra reglamentación.

“Eso no se les va a entregar a los campesinos. Tendrán parte ahí, pero no lo van a manejar. Necesitamos que se maneje de acuerdo al reglamento que habrá fuera del decreto (…) parecido al de una propiedad horizontal”, dice el subgerente. Y agrega: “Queremos que el campesino pueda tener riqueza en un momento dado, no ser rico, pero que llegue a tributar. La idea es que no sea sembrador y recogedor sino que pueda tributar y tener un mejor estar”. Asegura también que, según las estimaciones, en diez años, “si el campesino sigue las instrucciones, puede tener un capital de $100 millones”.

¿Cuáles instrucciones? De acuerdo con Carmona, además de la asesoría que el Gobierno ha recibido del grupo Los Grobo, de Argentina, en la estructuración de este proyecto, se está trabajando muy de cerca con la Universidad de La Salle, que en Yopal tiene el proyecto Utopía. “Ellos tienen unas 300 personas en este momento que principalmente nacieron y se criaron en lugares que tienen que ver con el conflicto. Esos 300 muchachos estudian ingeniería agronómica totalmente gratis. Duermen, estudian y comen allá”.

Según Carmona, la idea es montar otro Utopía en El Porvenir y “que las familias de esos muchachos que están estudiando allá, que finalmente harán la asistencia técnica, se puedan beneficiar del proyecto (…). Seguramente serán entrevistadas o tendrán que llenar los parámetros que exija la parte educativa y disciplinaria del proyecto, que la va a manejar Utopía. El que no sirva, no entra. No queremos que se vuelva un conflicto porque se daña el proyecto”. El subgerente de tierras, sin embargo, es enfático en que todo esto dependerá del decreto que está por salir.

Pero, sin haber nacido, sobre el proyecto recaen dudas por parte de la comunidad de El Porvenir. Cerca de 140 familias, contando las de la vereda Matarratón, vienen reclamando participación en esas tierras desde hace cerca de cuatro años, a través de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Porvenir y apoyadas por la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el senador Iván Cepeda.

En varias peticiones y denuncias ante el Minagricultura, el Incoder, la Procuraduría y la Fiscalía, entre otras entidades, estas organizaciones han relatado que la comunidad tiene un arraigo en El Porvenir desde hace por lo menos 45 años. Miguel Briceño, presidente de la JAC, comenta que a la zona llegó un señor llamado Víctor Machado, movido por la época de la Violencia, quien logró tener unas 15.000 cabezas de ganado. “Mamá decía que él dejaba que los campesinos pastaran sus reses en su territorio”, señala.

En 1979, Machado murió y todo quedó a cargo de su esposa, quien luego entregaría las tierras a los Carranza. “En los años 80 se acabó la paz que había. Dos años después de que llegó Víctor Carranza empezaron a hacerle daño a la comunidad y en el 86 se llenó de paramilitarismo. En 1987 desplazaron a toda la comunidad de El Porvenir”. En 1992 se hicieron las 27 adjudicaciones irregulares que, englobadas en cinco predios, tuvieron que ser revocadas en 2014. Una tierra recobrada vía revocatoria, con resolución del Incoder, ganada por Briceño, Cepeda y la Corporación Yira Castro en una pelea jurídica desde 2012.

Briceño, quien en el año 2000 regresó de su desplazamiento, asegura que los campesinos no sabían que la tierra que todos compartían tenía dueño, hasta que entre 2009 y 2011 la ganadería La Cristalina, de la familia Carranza, exigió a la comunidad sacar las reses ajenas a su propiedad privada. Fue entonces que los campesinos acudieron a la corporación y a Cepeda y lograron la revocatoria. De inmediato, a principios de 2015, el senador Cepeda reclamó al Incoder la recuperación de esos terrenos. En abril, Carmona respondió: “Es un proceso administrativo, al igual que todos los que adelanta esta entidad, se realizará en el marco del debido proceso y respetando las garantías constitucionales”.

El subgerente de tierras señala que efectivamente “la ganadería La Cristalina la manejaba Hollman Carranza, uno de los hijos de Víctor Carranza. Él dijo que voluntariamente devolvería las tierras. Nunca me reuní con él, no lo conozco, y nos entregó los bienes el 13 de junio de 2015, no físicamente, sino en un acta de entrega, porque recibir 42.000 hectáreas es complicado”. Según el Incoder, el año que pasó entre la revocatoria y la entrega fue el tiempo que tomaron las notificaciones y que Carranza pidió para sacar su ganado.

Entretanto, la JAC de la inspección de El Porvenir y la de la vereda Matarratón empezaron a denunciar invasiones y cercamientos de los predios por parte de terceros, como el señor Elbert Abril y su asociación Asdepagral, que solicitaron adjudicación. Sobre los reclamos que han hecho Briceño y las organizaciones que lo acompañan, Carmona asegura que “pueden haber estado 45 años en la zona, pero ya se había adjudicado a otros. Hasta ahí les llegó el derecho. Trato de ser muy jurídico y no es en contra de ellos”. Resumió su postura diciendo: “Ninguna de las personas que hay allá es sujeto de reforma agraria porque tranquilamente ninguno lleva más de cinco años allá (lo cual es requisito para una adjudicación), porque la familia Carranza entregó el predio el año pasado”.

En el Incoder también reposan testimonios de familias que hoy habitan El Porvenir según los cuales la Corporación Yira Castro ha traído conflictos a la zona. Dicen que el presidente de la JAC “se ha tomado la justicia por su cuenta” y que apenas son cuatro familias las que tienen ganado. Esas versiones, según el Incoder, se recogieron durante una visita hecha por siete abogados de la institución en octubre de 2015. Eso también tuvo sus reparos.

A través de una solicitud de vigilancia especial presentada ante la Procuraduría en octubre de 2015, Briceño expresó: “Esta toma de declaraciones irresponsable por parte de funcionarios del Incoder representa para las familias de El Porvenir un detrimento de sus derechos, en la medida en que quienes suscribieron esas solicitudes fueron en gran cantidad invasores (…). Las declaraciones rendidas por la directora de baldíos del Incoder en la reunión fueron enfáticas en expresar que al ser un predio baldío todos tienen derecho sobre él”. De ahí salieron también las 414 solicitudes de adjudicación que tiene el Incoder.

De otro lado, en acta de un consejo de seguridad extraordinario en Puerto Gaitán, el 22 de mayo de 2015, el secretario de Gobierno departamental, Daniel Casteblanco, dio cuenta de los hostigamientos que los campesinos acompañados por las corporaciones Yira Castro y Claretiana habían estado recibiendo por parte de antiguos trabajadores de La Cristalina, quienes además estaban “promoviendo la conformación de una nueva JAC”. Entre las conclusiones estuvo que la Gobernación revisaría el asunto, y el 29 de mayo la Secretaría de Gobierno respondió diciendo que entre 2014 y 2015 no había otorgado la conformación de ninguna junta.

“Según denuncias que tengo, que no las he corroborado, la inspección de Policía, que depende de la Alcaldía, ha estado dando amparos de posesiones en un terreno que es del Estado. Si eso se corrobora, voy a trasladar la denuncia a la Procuraduría y a quien corresponda para que investigue a esos funcionarios”, dice Carmona sobre la situación de orden público e invasiones que se ha venido presentando en la zona.

En vista de que, según Briceño y las corporaciones, las peticiones que habían elevado a diferentes entidades para defender a la comunidad no dieron resultado, y que Briceño incluso ha recibido amenazas de muerte por personas que se identifican como miembros de bacrim y guerrilleros (por lo que se volvió a desplazar y la Unidad Nacional de Protección le dio medidas de seguridad), interpusieron una acción de tutela. Esta fue negada pero la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y decidió amparar el derecho a la vida digna de los afectados, teniendo en cuenta su condición de víctimas. Las corporaciones aseguran que apenas se está planeando la verificación por parte de la Defensoría, la Procuraduría, el municipio de Puerto Gaitán y otros, algo que la Corte había ordenado iniciar en 15 días.

La pelea por El Porvenir en Puerto Gaitán sigue al rojo vivo. Por lo pronto, Briceño, de 48 años, nacido en Orocué y criado en El Porvenir, reconoce que las autoridades lo han acompañado para proteger su vida. Sobre las 42.000 hectáreas (incluyendo reservas forestales) que hay en total, dice que no se puede ser egoísta. “No pedimos que no traigan más gente, pero que a la comunidad de El Porvenir le adjudiquen primero”.

Concluye recomendando que el Incoder y hasta el presidente deberían pensar mejor este proyecto, porque en vez de generar empleo se puede provocar un conflicto mayor.

(ElEspectador.com)