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Este 27 de enero se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento para conciliar entre gobierno nacional, gobernación de Casanare y las alcaldías para garantizar los derechos básicos como agua potable, alcantarillado y programas serios y permanentes de salud; para evitar problemas de salubridad, en especial a niños y as que son la mayoría de la población de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicado entre Paz Ariporo y Hato Corozal.
El magistrado realizó un fuerte llamado de atención a los delegados de ministerios Interior y Vivienda y agua potable para que a este tipo de audiencias asistan funcionarios con poder de decisión.
Luego de un largo espacio en que las entidades expresaron su voluntad de NO pactar lo pedido en la acción popular, frente a insistencia y amplia exposición de la vulneración de derechos que hizo la defensora regional del pueblo, Sonia Bernal, defensora de los derechos de las comunidades indígenas se logró que los funcionarios empiecen a revisar las acciones urgentes para presentar en próxima audiencia una propuesta de pacto para conciliar, que permita que la población indígena de este sector cuenten con agua potable y otros servicios.
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