El Tribunal administrativo de Casanare notificó a los municipios el fallo de tutela proferido el 15 de junio de 2016 a través del cual se ampara los derechos fundamentales a la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan el Resguardo Caño Mochuelo, solicitados por la Defensoría del Pueblo.
La medida cobija a las comunidades Wamonae, Sikuani, Sáliba, Maibén, Masiware, Yamalero, Yanuro, Tsiripu, Piapoco, Amorúa y Waüpijiwi que habitan este resguardo en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal.
La Defensoría del Pueblo solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, a la salud, alimentación mínima, agua potable, vivienda adecuada, consulta previa, identidad cultural, territorio, autonomía, integridad y supervivencia de los pueblos indígenas en consideración a la amenaza y riesgo de exterminio físico y cultural, precarias condiciones de vida, inexistencia de agua potable y saneamiento básico, crisis de salud pública, desnutrición e incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades gubernamentales en la solución de dichas problemáticas.
Igualmente solicitó como medida cautelar que se ordene a las autoridades accionadas implementar de manera inmediata acciones concretas que garanticen el suministro de agua potable a los habitantes del resguardo indígena de Caño Mochuelo, en especial para la etnia Amorúa. Además pide llevar a cabo inspección judicial con el fin de verificar la vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales se solicita su protección.
Los alcaldes de estos dos municipios reciben con preocupación la noticia por la magnitud del compromiso y por los débiles recursos financieros con los que cuentan en este momento, sin embargo inician trabajos para elaborar los respectivos planes de acción para cumplir con lo requerido.
Las entidades comprometidas en este fallo son los ministerios del Interior, de Salud, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Agricultura; el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento de Casanare, Capresoca EPS, Corporinoquia, Acuatodos y los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal.