Una reunión de la denominada Estrategia Territorial de Hidrocarburos, ETH, tuvo lugar en el Concejo de Hato Corozal. Allí, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que esta localidad ha recibido un total de $105 mil millones, sumando regalías directas más las transferidas a través de la Gobernación de Casanare, en el periodo comprendido entre 2012 y 2018
Temas relacionados con la Consulta Popular y los ingresos del municipio producto de la presencia del sector de hidrocarburos fueron abordados el pasado 30 de agosto con el Concejo Municipal de Hato Corozal, Casanare en una sesión de trabajo convocada por el cabildo en la que participaron el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH en el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, ETH.
Los recursos fueron invertidos en proyectos direccionados hacia los sectores educativo y eléctrico, apoyo a población vulnerable, mejoramiento de vivienda, construcción de unidades sanitarias, pavimentación de vías, construcción de plantas de tratamiento de agua potable, construcción de obras para mitigación del riesgo del afluente del río Casanare, construcción y restauración de restaurantes escolares, fortalecimientos de cadenas productivas agropecuarias e implementación de programas de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, entre otros.
Sumado a lo anterior, el ministerio informó sobre los recursos provenientes del incentivo a la producción, a los que puede acceder el municipio una vez se convierta en productor de hidrocarburos.
En la reunión, las dos entidades expusieron además su punto de vista en temas relacionados con el trámite de la consulta popular, análisis jurisprudencial y principales pronunciamientos de las altas cortes sobre la procedencia de la Consulta Popular para definir la competencia del uso del subsuelo.
En Hato Corozal se adelanta el proceso de consulta popular que obtuvo el reconocimiento del Concejo Municipal el pasado 15 de agosto y actualmente se encuentra esperando el paso a control de legalidad por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.