Bajo la lupa contrato del Ministerio de Defensa

Tras la firma de un contrato a finales del año 2022 por parte del Ministerio de Defensa por 305 millones de dólares, aproximadamente 1.3 billones de pesos, se ha emitido una alerta por la preocupación de posibles sobrecostos en este contrato, sin embargo, la cartera liderada por Iván Velazques, ha manifestado también que la celebración de este contrato se realizó bajo la debida normativa.

Este acuerdo comercial, al cual, el medio de comunicación Semana tuvo acceso, detalla la compra de 55 vehículos militares blindados tipo 8×8 que serían empleados para fortalecer las capacidades del Ejercito Nacional; principalmente en las zonas fronterizas. Presuntamente, el contrato para la compra de estos carros tipo militar presenta un sobrecosto que rodea los 17 millones de dólares.

Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, manifestaron que “con relación a presuntos sobrecostos que se hubiesen presentado en la adquisición de dichos vehículos, el Ministerio de Defensa se permite precisar que, de acuerdo con la información disponible que ha sido corroborada, tal irregularidad no existe». Sumado a esto, también expresaron que “debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato; sin embargo, se le exigió al contratista discriminar los valores, en aras de identificar cuales servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos”

Las presuntas irregularidades de este contrato estarían en aspectos relacionados con servicios de almacenamiento y prueba, la ingeniería no recurrente, actualización del manual de funciones y el desplazamiento de estos vehículos a Colombia. Así mismo, de acuerdo al contrato, los vehículos militares se entregarán gradualmente desde el año 2026, periodo para en el que serían entregados nueve vehículos y el resto hasta el 2032. En ese primer periodo por los próximos tres años el país pagaría 66,8 millones de dólares y el resto lo pagaría en cuotas anuales después de esa fecha.