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Con el propósito de contar con un empleo público más fortalecido y acorde con la realidad actual, Función Pública ha actualizado la reglamentación de las competencias laborales y generales de los empleos públicos de los diferentes niveles jerárquicos, mediante la expedición del Decreto 815 de 2018.
Esta Norma modifica el capítulo de competencias establecido en el Decreto 1083 de 2015, que rige al sector de la Función Pública, y actualiza las competencias comportamentales y comunes de todos los servidores públicos, tales como aprendizaje continuo, orientación a resultados y al servicio al usuario; compromiso con la organización, adaptación al cambio y trabajo en equipo, entre otros.
“La administración pública, hoy en día, es otra y por supuesto las competencias que deben tener los directivos, asesores, profesionales, técnicos y asistenciales tienen que ser más acordes con las expectativas del ciudadano de hoy”, afirmó el director de Empleo Público de Función Pública, Francisco Camargo.
El Decreto 815 de 2018 se inspira en los preceptos de la Guía Iberoamericana de Competencias Laborales del CLAD, que se adoptó en Bogotá en 2016, y contó con insumos del proyecto conjunto de Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC.
La Norma incluye también una serie de competencias comportamentales que tiene en cuenta los diferentes niveles jerárquicos; a nivel directivo, por ejemplo, un gerente debe tener una visión estratégica, un liderazgo efectivo, capacidad de planeación y de toma de decisiones, una gestión del desarrollo de las personas, un pensamiento sistémico y capacidad para resolver conflictos.
“Son competencias que están a la vanguardia de las tendencias internacionales en los sectores público y privado que hemos tomado de una forma innovadora para el sector público colombiano. Esto es muy importante porque si entendemos la competencia como la capacidad para hacer y transformar, los servidores públicos que ingresan por mérito cuentan con estas capacidades, lo que a la postre garantizará que contemos con un mejor servicio público para toda la ciudadanía”, agregó Camargo Salas.
Cabe resaltar que las entidades públicas del orden nacional cuentan con seis meses para actualizar sus manuales de funciones en lo que tiene que ver con competencias, y a nivel territorial cuentan con un plazo de doce meses.
El Decreto presenta una importante novedad con la adopción del catálogo de competencias funcionales, que busca orientar el quehacer de las áreas transversales, tales como Talento Humano, Contratación, Defensa Jurídica, Servicio al Ciudadano, Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre otras, que son comunes a todas las entidades públicas.
Función Pública tendrá la responsabilidad de adaptar este catálogo y actualizarlo de acuerdo con las necesidades propias de la administración pública en los próximos años.
“La actualización de competencias laborales, que no se hacía desde hace más de trece años con la expedición del Decreto 2539 de 2005, que adoptó en ese momento las competencias, marca un hito importante y una inflexión en lo que tiene que ver con un empleo público moderno, más inclusivo, que responda a las necesidades de los ciudadanos”, señaló el director de Empleo Público.
Para la adopción e implementación de este nuevo Decreto, Función Pública y la ESAP brindarán la capacitación requerida a las entidades públicas.
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