Después de las visitas que se realizaron el 22 de febrero del presente año, a la ronda del caño Agua Verde, el juez segundo administrativo profirió las medidas cautelares solicitadas a ese despacho, mediante acción popular.
En la visita se pudo constatar que existen construcciones nuevas que se encuentran, incluso a 7 y 10 metros de la ronda del caño, violando el Acuerdo Municipal 024 2013, donde se establece una distancia mínima de 50 metros.
Paradójicamente en la aprobación de dicho documento participaron 2 concejales, que hoy se encuentran inmersos del grupo de personas, que invadieron la ronda protectora del Agua Verde.
Durante la diligencia judicial se pudo evidenciar que se han hecho tala y quemas no autorizadas de palmas de moriche, además por la presencia de maquinaria amarilla en el sector, se puede inferir que se va a continuar construyendo en esta área, pese a estar prohibido.
Respecto a esta situación, se pudo determinar que el crecimiento sobre este sector ha sido exponencial y se habría podido evitar si las entidades a las que les corresponden hacer esta vigilancia hubiesen actuado.
En el escrito el juez deja ver su molestar frente a la inoperancia de Corporinoquìa, y la Alcaldía de Yopal, así como su asombro ante la respuesta del Municipio, donde este ente territorial manifiesta que los expedientes sancionatorios, desparecieron.
Con respecto a los mencionados procesos, donde la Alcaldía entraría a tomar medidas contra los infractores por violación de las normas urbanísticas, el juez se pronunció de manera puntual.
“…según la visita. Dos (2) de los predios son y/o han sido de propiedad (2) demandados – Roland Refrey Wilchez y Fabio Castro Sáenz Este último se encontraba presente el día de la diligencia de inspección judicial en la vivienda, quien señaló que la parte del predio colindante y que se encuentra al fondo junto al caño – casa de dos pisos con piscina y zona BBQ- se la vendió a la señora Lucía Gaona quien presuntamente trabaja en Corporinoquìa”.
Afortunadamente este tipo de documentos están digitalizados y en poder del juzgado, con lo que se podrá reconstruir los expedientes, ahora queda en función de la Administración Municipal elevar las respectivas denuncias, a quienes se eran responsables de la custodia de estos documentos.
En comunicación con Contacto Noticias, la ingeniera Martha Plazas, directora de Corporinoquia, aseguró que desde el 2014 se encuentran abiertos los procesos sancionatorios y que están en curso. Agregó que ese tipo de procedimiento son muy lentos y muy tortuosos, por lo que plantea la ley para estos casos.
Al preguntarle si la medida sancionatoria podría incluir la demolición de las edificaciones que se encuentran en la ronda del caño, planteó que eso no es del resorte de la Corporación definirlo, además calificó como muy difícil ordenar una sanción de este tipo, porque a futuro podría acarrear demandas por parte de los afectados.
No obstante para algunos juristas consultados por este medio, la acción de demolición y restitución de la cobertura vegetal, para guardar el área de protección del caño se debe realizar.
De todas formas no deja de resultar extraño, que dentro de los implicados se encuentran varios profesionales que tiene el conocimiento técnico y jurídico, para conocer de antemano que la acción que ejecutaron no era legal, porque desconocieron en lo dispuesto por el Acuerdo 024 de 2013.
Con estas medidas cautelares se espera que se ponga en rojo el semáforo y se pare la expansión, que tanto daño le está haciendo a esta a esta fuente hídrica. También no se acaba de entender la posición ambivalente de algunas personas que rasgan vestiduras por los efectos de la explotación petrolera, pero que coadyuvan en el deterioro del caño Agua Verde.