¿Son suficientes las recomendaciones que hizo la Corte Suprema al proyecto de reforma a la Justicia?
Martha Cabezas 
La Corte Suprema de Justicia le dio la bienvenida a la reforma a la Justicia y calificó el proyecto que cursa en el congreso de la república, como un paso adelante en el mejoramiento de las condiciones de respuesta de la administración judicial del país.
En su intervención en el último debate del proyecto, el presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, pidió la aprobación de la iniciativa, al tiempo que advirtió la inconveniencia de disposiciones como la homologación de experiencia en otras profesiones y disciplinas distintas para ocupar cargos propios del Derecho.
El magistrado Hernández Barbosa expuso algunas de las observaciones y propuestas que fueron objeto de consenso en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, enviadas en días pasados al Senado de la República.
En general, la Corte manifestó su satisfacción con el proyecto. Señaló que, aunque no es una gran reforma, es “un paso adelante en el mejoramiento de las condiciones de la justicia del país”.
El presidente de la Corporación destacó el contenido de la iniciativa en materia presupuestal. Compartió la afirmación de varios congresistas en el sentido de que el artículo que mejora el presupuesto de la Rama Judicial vale esta reforma.
Solo si se mantiene esta disposición valdría la pena “el esfuerzo que ha hecho el Congreso de la República en sacar adelante este proyecto de ley”, subrayó el magistrado Hernández, agregando que el aumento de presupuesto judicial se traducirá en mejorar el acceso a la justicia. “Se nos pide que produzcamos más, más compromiso con el conflicto que nos corresponde resolver cotidianamente, pero el país está muy lejos del estándar internacional en materia de jueces”, señaló.
Sin embargo, el presidente de la Corte expuso algunos de los cambios que la Corporación propuso. Uno de ellos tiene que ver con el parágrafo 2º. del artículo 67 del proyecto, que ha sido objeto de críticas públicas porque plantea que, para ser magistrado de Alta Corte, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Procurador o juez de la República se valga la experiencia profesional adquirida en disciplinas como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública.
Así, por ejemplo, de aprobarse esta propuesta podrían aspirar al cargo de juez penal municipal abogados con experiencia de tres años en administración de empresas. Eso es “totalmente inconveniente y, por lo tanto, le solicitó al Senado que no sea aprobada”, expresó el magistrado Hernández Barbosa.
En materia de gobierno de la Rama Judicial, el presidente de la Corte defendió la reconfiguración de la Comisión Interinstitucional, lo que explicó no significa que los presidentes de las Altas Cortes vayan a coadministrar ni a celebrar contratos.
“La Comisión Interinstitucional, como está planteada en la proposición y que no cuenta con el Fiscal General de la Nación, va a intervenir en ciertos temas que interesan a los jueces porque hacen parte de su responsabilidad misional”, precisó el magistrado al aclarar que se busca es su participación en ese diseño, lo cual para la Corte es supremamente conveniente, “en lugar de mantener una Comisión Interinstitucional que no tiene ninguna responsabilidad”.
Fuente: Corte Suprema de Justicia.
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