Ghatto 
Esta Ley en 16 artículos les pone los dientes a las Regiones de Administración y Planificación RAP, que son unas figuras contempladas en la Constitución y reglamentadas por la Ley de Ordenamiento Territorial de 2011, que permiten que dos o más departamentos puedan unirse como un solo territorio para planear su desarrollo social y económico.
La iniciativa también permite que, eventualmente, las RAP puedan convertirse en unos entes autónomos, con personería jurídica, patrimonio y capacidad de ejecución propios, llamados Región Ente Territorial RET.
“El ejemplo simple de lo que se acabaría (o al menos se reduciría) si este proceso de descentralización se hace realidad algún día es la típica imagen del mandatario regional en las oficinas del Gobierno en Bogotá, tocando puertas y haciendo lobby a los altos funcionarios para poder llevar más recursos a su respectiva región.”
La objeción del Gobierno
Tanto con Santos como con Duque, la principal razón que ha argumentado el Gobierno para objetar el proyecto son sus posibles impactos fiscales.
Hay temor de que se pueda terminar afectando la distribución del Sistema General de Participaciones SGP con la eventual creación de las RET.
Además, Hacienda dice que del presupuesto general de la Nación no pueden salir ni partidas obligatorias para proyectos ni los gastos de funcionamiento de las RAP.Que sería inconveniente que esas asociaciones participaran, como lo propone el proyecto, en los órganos colegiados de decisión de las regalías.
Y que la OCDE (el club de buenas prácticas al que entró Colombia) considera que la adecuada planificación del desarrollo regional debe hacerse en pequeñas y no macro regiones.
Después de atender algunos de esos puntos, contenidos varios de ellos en las dos objeciones del Ministerio (una de Santos y una de Duque), lo que hoy propone la Ley de Regiones es que las uniones de los departamentos puedan contar con plata para proyectos regionales que ellos definan, así:
▪De recursos propios de los entes territoriales.
▪De créditos públicos que los departamentos acepten tramitar.
▪De cofinanciación del presupuesto general, concertada con el Gobierno Nacional.
▪De regalías, presentando proyectos directamente a los OCAD.
Es decir, la Ley no obligaría al Gobierno a destinar partidas del presupuesto general para proyectos o funcionamiento de las RAP y no impactaría el SGP.
Espero q no se convierta en más burocracia, en corrupción tipo DNP a otros niveles etc etc, en ineficiencia ni en mayor impacto económico (disminución de regalías) de los departamentos productores.
Me llama la atención que los costeños cobraban (solo para ellos) por dejar pasar petróleo por su región y que desde Santos intentan a como de lugar echarles mano a las regalías en mayores proporciones.
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