Contraloría investiga sobrecostos en contratos para programas del adulto mayor en Monterrey.

La Contraloría Departamental de Casanare, determinó que hubo una gestión antieconómica y que por lo tanto se presentaron sobrecostos, en los contratos No. 325 de 2016 y 164 de 2017, financiados con recursos provenientes de la estampilla pro adulto mayor y dirigidos hacia esa población vulnerable del municipio de Monterrey.

La Dirección de Vigilancia Fiscal del órgano de control, pudo establecer que en el primer contrato la gestión antieconómica y el sobrecosto alcanzó el valor de $112.038.450. Entre tanto, para el segundo contrato fueron $69.509.281.

El informe de la Contraloría indica que para determinar si hubo o no sobrecostos, “se realizó la valoración de los productos teniendo en cuenta las marcas de los productos entregados a los beneficiarios. Tomando como muestra el registro fotográfico del expediente contractual”.

La Contraloría Departamental señaló, que las cotizaciones realizadas por la entidad territorial para establecer el presupuesto oficial, no fue realizado con establecimientos comerciales de Monterrey, por lo que la entidad territorial habría acudido a empresas que no comercializan los productos objeto del contrato.

“Se cotizaron todas las actividades con entidades que no suministran directamente los productos y servicios, no están dedicadas exclusivamente a su comercialización y no cuentan con establecimiento comercial abierto al público, ni cuentan con un stocks de mercancías, lo cual conlleva a que los precios ofertados tiendan a ser superior a los promedios del mercado”, dice el informe.

Cuestionamientos de concejales y la veeduría ciudadana
El concejal Jaime Avendaño Barrera, en sesiones ordinarias del mes de mayo del año 2018, cuestiono estos contratos, por considerarlos demasiado elevados. Situación que también fue develada por Luz Marina Velásquez, veedora ciudadana de los procesos enfocados al adulto mayor de ese municipio y quien en su momento radicó queja formal ante la Contraloría, indicando que “estos contratos han sido manejados de manera corrupta, ya que presentan incremento desmedido en los precios de los productos y presuntas prebendas”.

Sin embargo en el debate de control político a la secretaria de desarrollo social, Yudy Alfonso, responsable de este despacho, entregó evidencias de posibles sobrecostos, no obstante dijo que los estudios de mercado realizados se habían hecho en tiendas y supermercados del municipio de Monterrey.

Frente a estas denuncias por presuntos hechos de corrupción, será la Dirección de Responsabilidad Fiscal la que asuma la investigación final, según el expediente de denuncia, para determinar las sanciones correspondientes y cuáles serían los funcionarios implicados, por la inobservancia de los principios de economía, responsabilidad, moralidad y eficacia, encontrados por la Contraloría.

Los contratos auditados fueron ejecutados en 2016 por el Consorcio Adulto Mayor Monterrey, con un monto total de $1.532.866.988. Y en 2017 el ejecutor fue el Consorcio Adulto Mayor la Edad de Oro. Para ese año los recursos destinados en este proceso contractual, alcanzaron de $1.155.405.168.