La historia se remonta a 2017, cuando la alcaldesa de ese entonces Zoila Rosa Angulo Rodelo, firmó un contrato transacción entre el Municipio de Yopal, La unión temporal Servicios Tecnológicos de Tránsito de Yopal SETTY, Y Soluciones y Soluciones SAS, en el marco del contrato de concesión No 1048 de 2014 y contrato de interventoría No 908 de 2015.
El objetivo del mismo fue reconocer una deuda de poco más de cuatro mil cuatrocientos cincuenta millones. Teniendo en cuenta el incumplimiento del numeral 2 del arreglo directo del 18 de Diciembre de 2015.
Ana Luisa Barreto – Representante Legal del SETTY .
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La controversia que busca dirimir este contrato de transacción, es la generada en los costos asumidos por SETTY, frente a los rodantes recibidos objeto de la aplicación de la ley 1730 de 2014 (ley está que le da un año a los dueños de los vehículos retirarlos so pena de proceder a su remate), cumplieron el tiempo expuesto en la normativa para la realización del remate el 31 de mayo de 2016, y 31 de mayo de 2017, y este no se realizó por parte de la administración municipal.
En el contrato transaccional, se plantea un tiempo de 6 meses para que la Administración Municipal, a partir de la firma del contrato, para que realice el remate de motocicletas y autos, que se encuentran en el parqueadero de SETTY, los seis meses se cumplieron en abril, después de este plazo la concesión en el marco del contrato de transacción, cobraría el parqueadero al municipio.
Pero como en el caso del arreglo directo, esto tampoco se cumplió, y de nuevo el municipio de ve abocado al pago del servicio de parqueadero, que según lo manifestó la representante legal de SETTY, hasta el momento existe un acumulado entre cuatro mil y seis mil millones, y crece a una tasa de 25 millones diarios, sin que la Secretaría de Tránsito hasta el momento presente una solución que pare este desangre que nos cuesta a todos.
Vale la pena aclarar que el valor que expone la representante legal de SETTY, Ana luisa Barreto Mahecha, corresponde a lo causado en el año 2018 y lo corrido del 2019. Y que a esto se le debe sumar lo que no se ha pagado del contrato de transacción, de esa manera, serian casi diez mil millones, de pesos que se tendrían que pagar por la ineficiencia de la administración municipal.
El mencionado contrato no presenta hasta el momento ninguna acción judicial que controvierta su legalidad, motivo por el cual se considera legal y es obligación entre las partes, puntualizó la representante de SETTY.