Gracias a una Acción de Nulidad interpuesta por el concejal y abogado de Paz de Ariporo Alejandro López, el tribunal halló la razón y ha fallado para que se suspenda un convenio de funcionamiento a un parqueadero en el municipio de Paz de Ariporo que le permitía cobrar servicios de movilización de grúa y parqueadero a vehículos sujetos a medidas de las autoridades de tránsito.
Dentro del proceso se discute la legalidad de un acto (Resolución 00941 del 19 de junio del 2015) que autorizó al parqueadero de La Paz, para la prestación de servicios de grúas y aparcamiento de vehículos por un término de 5 años a partir del 19 de Julio del 2015, autorización que se había fijado a través de una resolución gracias a un convenio entre estos particulares y la dirección de tránsito del departamento sin que tuviera algún tipo de beneficio económico el departamento, menos el municipio por el recaudo de estos servicios que además manejaba unas tarifas altamente exageradas.
De la misma manera el demandante consideró que el acto fue viciado de nulidad debido a que se soportó en el Decreto Ordenanza Nro. 260 que no existe, allí se dispuso que la constitución de una póliza de responsabilidad extracontractual lo cual se hizo fuera del plazo fijado y los primeros cobros por inmovilizaciones fueron ilegales toda vez que no existía reglamentación de las tarifas por los servicios prestados.
El departamento de Casanare sostiene que el acto es legal, manifestaron que hubo una imprecisión de una de las normas que allí se citan, lo cual no fue la única fuente para su expedición y expusieron que las glosas relativas a constitución de la póliza extracontractual y las tarifas por cobrar por el servicio prestado tienen que ver con la ejecución o cumplimiento de la resolución demandada mas no con su legalidad.
Los administradores del parqueadero apelarían la decisión mientras que el Concejo Municipal y la Alcaldía de Paz de Ariporo discuten el tema de movilidad y tránsito en la población para que en el menor tiempo posible se logre establecer un mecanismo que permita prestar el servicio, que se establezcan unas tarifas ajustadas a la realidad del municipio y su actual economía así como un acto que le permita a la municipalidad un ingreso por estos recaudos.