Como todos los años, los indígenas de la etnia Maiben Masiware, llegan hasta el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo aprovechando la temporada de ferias y fiestas para dar a conocer su cultura, recoger provisiones y realizar su ancestral recorrido por los sitios que para ellos son sagrados desde tiempos inmemoriales.
Este año, a diferencia de años anteriores, no se les permitió ocupar el sitio donde normalmente posaban los días de estancia en el pueblo. La casa campesina; una casa ubicada sobre la marginal de la selva en cuyos alrededores hay vegetación y espacio para hacer sus necesidades fisiológicas. Según el secretario de gobierno, Arles Benites, la orden de no ocupar ese espacio es porque la casa al parecer no reúne las condiciones para ser habitada y está en riesgo de caída, por lo que se propone que sea demolida y evitar poner en riesgo a estas comunidades. Lo cierto es que los indígenas nunca ocupan la casa sino los lotes aledaños, donde instalan sus “cambuches” y aprovechan la cercanía con los potreros del frente para lo demás. Aunque desde la administración se dijo que la casa es inhabitable, allí los vecinos cuentan que vive una señora desde hace más de 5 años y tiene sembrados plátanos y limpios los patios que son cuidados por una jauría de perros mal nutridos cuya cerca no les permite salir del predio y los más pequeños tienen horquetas en el cuello para evitar que se salgan.
Los indígenas manifiestan que el lugar asignado no es el adecuado para ellos, por su extensión y pudieran estar en condiciones de hacinamiento. Se instalaron unas improvisadas unidades sanitarias cubiertas por polisombra que, según los indígenas, no reúnen las condiciones higiénicas ya que son letrinas usadas y llenas de moho que pareciera que fueran recogidas de un botadero.
De otro lado, el suministro de agua para el consumo humano tampoco ha sido el idóneo para unas personas que llevan consigo niños de muy poca edad. En cuanto a la alimentación, es la peor conocida por una persona. Manifiestan que les llevaron chigüiro que no estaba en el mejor estado. Se han entregado mercados que, pese a los esfuerzos de la administración municipal, tampoco alcanzan para la cantidad de personas que hay en el sitio. Los líderes de las comunidades manifiestan que hay por lo menos 200 personas y unas 80 familias.
El problema de fondo es la falta de una política pública étnica y una oficina de asuntos étnicos que se dedique a recoger la mayor cantidad posible de información que les permita prever año a año la mencionada situación y que más allá de proveer alimentación y garantizar la salud, es cuestión de adaptar un sitio con malocas o chozas, algunas de ellas destinadas a la comercialización de sus artesanías que les permita reunir dinero para comprar las provisiones, darles un lugar agradable dónde pasar sus días de visita al municipio. Mientras no exista esa política y la defensa de su cultura, sus tradiciones y un lugar importante en las fiestas patronales para mostrar sus bailes y rituales tradicionales, los seguirán viendo como una molestia, como lo han manifestado algunos ciudadanos que miran con indiferencia las necesidades de las familias indígenas que son las verdaderas dueñas del territorio y que fueron desplazadas desde la época de la conquista. Su periplo se realiza muchos años antes de que llegara la “civilización” a este territorio.
Hector Castillo es estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja en un proyecto de investigación. Asegura que este es un pueblo nómada cuyas costumbres no incluyen la siembra o crianza de animales para comercializar y que, desde mucho tiempo atrás, viven de lo que les provee la naturaleza.
La entrevista completa en los siguientes audios.
Hector Castillo, Innvestigador. Estudiante de Antropología.
Walter Barón, representante de la comunidad