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La inseguridad que se percibe en el municipio de Paz de Ariporo está llegando a su límite y aún no llega el prometido aumento de pie de fuerza ofrecido desde el año pasado con la visita del entonces ministro de la defensa, Guillermo Botero al realizar un consejo de seguridad desde este municipio.
EL pasado 14 de junio de 2019, el entonces ministro Botero aseguró que se comprometería con la gestión para aumentar el personal de la fuerza pública y trabajaría por ubicar en el menor tiempo, un puesto migratorio de verificación para atender a los venezolanos en territorio casanareño. El ministro salió por la puerta de atrás y ocho meses después del consabido consejo de seguridad no se ha visto ni aumento de pie de fuerza, ni el puesto de control migratorio. En este punto existen quienes se atreven a asegurar que, conocidas las personalidades invitadas aquel día y la fecha del consejo de seguridad, esta sería solo una estrategia para ganar votos de cara a las elecciones del mes de octubre.
Hoy la zozobra se apodera de los pazdeariporeños que son presa de delincuentes que, en su mayoría provienen de Venezuela, y que no tienen ningún reparo en atracar a plena luz del día o ingresar a las casas amenazando con armas a quien se atreva a oponerse o atravesarse en su camino.
Los comerciantes del municipio ya no dan más y están pidiendo acciones rápidas para ponerle fin a la pesadilla que representa para ellos simplemente trabajar a diario con el miedo de ser atracados.
Uno de los grandes problemas es la falta de interés de algunas instituciones a la hora de requerir su apoyo y para sustentar esa teoría, la comunidad recurre al relato de lo sucedido el pasado viernes 7 de febrero cuando en horas de la tarde, un ciudadano venezolano junto a otro grupo de sus compatriotas, agredieron a unan mujer al percatarse de que les estaban robando, el sujeto corrió y fue perseguido por la comunidad hasta que la policía llegó y se logró su captura. En el momento de la captura no portaba los elementos robados y se encontraba lejos del sitio donde estaban cometiendo el hurto.
Entonces comienza la odisea: la persona afectada intenta poner la denuncia tomando como base la premisa institucional que dice que el ciudadano no denuncia y por eso no se conocen las cifras exactas de actos delictivos. En la estación de Policía le informan que quien está de turno es la Fiscalía y que la denuncia debe hacerse al día siguiente. Ilógico, se contacta al secretario de gobierno del municipio quien acude inmediatamente para revisar el caso e intenta comunicarse telefónicamente con el fiscal de turno ese día, el Fiscal con tono arrogante se niega a atenderlo argumentando que él no sabe si es verdad que quien le llama es quien dice ser porque está recién llegado al municipio. Con esa displicencia, fue necesaria la intervención de la alcaldesa quien se vio en la penosa necesidad de contactar con la dirección seccional para solicitar que el fiscal de turno atendiera el requerimiento. El tema se convirtió en un paseo nocturno entre la sede de la Fiscalía y la Policía, un vaya y venga, hasta que al fin pasadas las diez de la noche se inicia el proceso de recepción de denuncia. Este es un caso donde intervino el secretario de gobierno y lo pusieron a ir de un lado a otro, para el ciudadano común que muchas veces no conoce sus derechos, simplemente le dilatan el proceso hasta que se cansa y se abstiene de formular cualquier denuncia.
A esto se le suma que Migración Colombia ha declarado que no tiene recursos y están haciendo boletas de compromiso para que los ciudadanos venezolanos se vayan por sus propios medios. Esta versión fue confirmada por un venezolano que llegó al municipio con su acta de compromiso y aquí se quedó.
Frente a casos como ese, la comunidad exige resultados y la articulación interinstitucional para lograr condenar a cualquier delincuente que sea sorprendido y denunciado. Algunos ciudadanos proponen medidas extremas como la llamada “paloterapia” y piden a los dueños de viviendas no arrendar a personas del vecino país. El desespero es tal, que celebraron la aparición de un panfleto que amenazaba de muerte a presuntos delincuentes.
En tan solo una semana se han registrado dos hurtos a motocicleta, a mano armada: en el primer caso, la hurtaron a una mujer y se trata de una Yamaha XTZ 125 de placas NEW 86E el pasado 5 de febrero, hasta el momento no se tiene ningún avance en la investigación. El otro caso reciente ocurrió el pasado 10 de febrero a las 2:00 de la tarde cuando dos sujetos con revolver en mano, hurtaron una motocicleta marca Honda XL150R de placas BHW 31F modelo 2019 de color negro.
Otros casos reportados por la ciudadanía tienen que ver con una mujer que fue arrastrada y lesionada al tratar de evitar que le robaran el bolso en la tarde del 10 de febrero y una niña que, en la mañana del 11 de febrero cuando se disponía para ir al colegio fue atacada por delincuentes que le apedrearon cuando ella gritó para evitar el ataque.
Así otros casos registrados dan cuentas de hurto al comercio con arma blanca, violación de habitación ajena; ingresan por los techos a plena luz del día, desocupando las viviendas. Son más de diez casos los que ha reportado la comunidad en menos de una semana. Sumado a eso existe un constante temor en las comunidades del área rural por los casos de abigeato y carneo.
Por esta razón razón, la comunidad exige un pronunciamiento de las autoridades, el secretario de gobierno departamental, presidente del Concejo municipal de Paz de Ariporo y gobernador del departamento para tomar cartas en el asunto y mejorar la percepción de inseguridad que reina en el municipio y que amenaza con trascender al punto de no retorno con los delincuentes que no están respetando ninguna frontera para cometer sus fechorías.
El presidente de Carrastol Sectro Cebú Advierte los peligros de permitir que la comunidad tome justicia por sus manos pues podrían lesionar a un delincuente o salir lesionados.
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