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En el marco de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley de seguridad ciudadana, una de las iniciativas consideradas fundamentales para el Gobierno.
La norma tiene por objeto el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal; al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; al Código de Extinción de Dominio, Regulación de Armas, elementos y dispositivos menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.
Hay modificaciones en cuando a las penas de conductas como el daño en bien ajeno, para que ese daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana o infraestructura, o al servicio de la seguridad ciudadana o al servicio de la justicia, también se constituyan un agravante que no permita la excarcelación.
Otra de las figuras relacionadas con este asunto incluidas dentro de la ley de seguridad ciudadana es la que hace referencia al ‘traslado por protección’, una figura creada por el Código de Policía del 2016 que permite que una persona sea temporalmente llevada a un centro de paso si su vida e integridad o la de un tercero están en riesgo, ha cobrado relevancia en este mes y medio largo de manifestaciones.
La norma aprobada por la Cámara otorga la facultad discrecional de “traslado por protección” que la Policía Nacional puede hacer a quien “aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas”.
El texto incluye modificaciones relacionadas con la legítima defensa y la proporcionalidad, pues no habrá responsabilidad penal cuando se ejerza para rechazar a alguien que intenta entras a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado.
En esa línea, la iniciativa indica que si una persona intenta ingresar de manera violenta a los espacios ya mencionados, se puede ejercer la fuerza letal.
“Envíanos un mensaje claro y contundente que el delincuente violento, mientras espera a su juicio, lo debe hacer en un Centro de Reclusión de manera intramural y no en la calle esperando el juicio. Eso es un mensaje que estamos mandando aquí, a quién cometa un delito violento a través de la implementación de arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento tendrá que ser intramural”, aseguró durante el debate el ministro del Interior, Daniel Palacios.
La iniciativa legislativa es impulsada por el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios; el ministro de Defensa, Diego Molano y el ministro de Justicia, Wilson Ruíz.
El proyecto deberá superar su último debate en la Plenaria del Senado y luego deberá ser sometido a conciliación.
Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes
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