Aunque hasta el momento no se ha realizado un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación, ni de la Seccional Casanare, sobre la orden de captura que se hizo efectiva en contra del exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia.
Extraoficialmente se estableció que la expedición de la orden de captura se originó desde un despacho de la fiscalía en Bogotá y la diligencia se adelantó por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI, provenientes de la ciudad capital.
Al parecer, el delito por el cual se realizó la captura, es concierto para delinquir. A pesar que se ha consultado tanto en la seccional como en la fiscalía central, hasta el momento no se ha emitido algún comunicado o se ha brindado información clara sobre la situación jurídica del exmandatario.
Mariño Velandia ha sido nombrado en las declaraciones entregadas por el exparamilitar de las Autodefensas Campesinas de Casanare, Arquímedes Pérez Parra, conocido con el alias de ‘Gavilán’, señalándolo, como autor intelectual del homicidio de tres hombres cometidos por él en Yopal en el año 2003.
«Que se haga justicia de verdad como tienen que ser, no que los pobres que no tenemos dinero, tengamos que pagar los delitos y los que tienen dinero y tienen su corbata y hacen política, sigan haciendo la política y sus fechorías en el Casanare, como siempre ha sucedido» aseguró el exparamilitar en una entrevista. Alias ‘Gavilán’ se encuentra cumpliendo una condena de 40 años de prisión.
La entrevista fue publicada por el medio de comunicación La Libertad, en mayo de 2019.
Recordemos que el exgobernador Nelson Mariño fue destituido por la Procuraduría General de la Nación y lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos, por haber suscrito un convenio con recursos provenientes de regalías con Comfacasanare, para garantizar el servicio de restaurante escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento, entidad que subcontrató todo el objeto contractual, lo generó un gasto mayor en la intermediación, gasto que asciende a los $1´200.036.600 .
Una vez se indagó en el Palacio de Justicia, se conoció que en los juzgados de turno no se ha hecho la solicitud para adelantar la audiencia de legalización de captura, fuentes extraoficiales señalan que sería trasladado a Bogotá donde se desarrollarían las audiencias.