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El problema de la inseguridad en las ciudades es complejo, más si se trata de países como el nuestro, atravesado por profundos conflictos sociales, desempleo, desigualdad, inicio de la era posconflicto, microtráfico y los efectos adversos de la pandemia en los ingresos de los informales. Así que lograr una ciudad socialmente segura, es un gran reto; no se logra de un día para otro, ni siquiera de un gobierno para otro. Fue necesario modificar un articulito para darle continuidad al gobierno de la seguridad democrática.
En la práctica la seguridad ciudadana ha mutado a seguridad citadina, y una primera razón de ello, es que la mayoría de personas que vivimos en Colombia lo hacemos en ciudades. Es tan importante, lograr ciudades seguras, que la ONU tiene un programa mundial llamado Ciudades más seguras desde 1996.
Lo segundo, es que debe existir continuidad en las políticas públicas al respecto, para que se torne una política administrativa y no de un gobierno. El tema no es poca monta, si la ciudadanía, el empresariado, los inversionistas, perciben que una ciudad es segura, invertirán, querrán visitarla, hacer deporte o vivir en ella para disfrutarla. Por el contrario, si se percibe insegura, dificultará la consecución de inversores privados, que son los que se necesitan para generar una mejor economía local. Los ciudadanos, los gremios, manifestaran sus reparos y no podremos impedirlo.
Mientras, sus habitantes tendremos que invertir en: verjas, alarmas, se preferirá vivir en conjuntos cerrados y con vigilancia. Las rutas del transporte público en la práctica restringirán sus horarios. Los comerciantes tendrán que gastar en: cámaras de seguridad, techos antirrobo, modificarán su horario de atención. Las actividades nocturnas, se vuelven más riesgosas para taxistas, dueños de bares y discotecas, puestos nocturnos de venta de alimentos etc. En suma, el diario vivir se complica por el incremento de los asaltos, raponazos, hurtos y robos a residencias, negocios, vehículos, bicicletas, etc.
Así que salta a la vista que debe ser empeño de varios, no solo de un mandatario. Un Alcalde necesita socios, y debe apropiarse concertadamente de los insumos que generan los gremios. Verlos no como contradictores sino como observadores. Nuestro Alcalde ofreció una ciudad segura, entonces es elemental que la gente, incluidos sus electores preguntemos: ¿En qué va esa promesa?, ¿Qué tanto se ha hecho por cumplirla?, ¿Lo que se está haciendo es lo pertinente?, ¿Qué tanto se tiene en cuenta el punto de vista de otros?
Por ejemplo, no tenemos mayor conocimiento de la elaboración de la Política Pública de Seguridad. Tampoco de la implementación del plan integral de seguridad, o en qué estado se encuentra el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, SIES y sus subsistemas: 123 Número único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123); Circuito Cerrado de Televisión (CCTV); Del Centro de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS); de las alarmas comunitarias y del sistema de radio comunicaciones para redes de cooperantes entre otros.
Si uno ve las inversiones que últimamente se han hecho con dineros de esos fondos, de más de 6 mil millones en el municipal y poco más de 8 mil en el departamental, poco o nada tienen que ver varias de ellas, con ordenado en la Ley. Ejemplo: lo del vehículo blindado de más de 500 millones, otro: lo de las cámaras de seguridad ha sido un barril sin fondo sin resultados medibles. ¿Tenemos un centro de detención como lo ordena el Código de Policía?, ¿Que se ha hecho para facilitar que los ciudadanos denuncien los robos?, porque que pereza denunciar y para que, es lo que manifiestan.
Un insumo tan importante como es la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), lejos de tenerse en cuenta se cuestiona con argumentos extra temáticos. Lo que necesitamos es un frente de aliados contra la inseguridad, de no hacerlo los malandros continuaran, como los bebés cagados y con risas, y nosotros no tendremos el Yopal que se quiere: ciudad segura.
Miguel Alfonso Pérez Figueredo.
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