Atendiendo la crisis mundial provocada por el Covid 19, los países sub desarrollados de los que no se escapa nuestra querida Colombia, incluso antes de la pandemia, ya venían en una crisis económica, más cuando depende indiscutiblemente del petróleo, lo que sin lugar a dubitaciones se podrá pronosticar a futuro es un colapso progresivo del aparato judicial que toma fuerza con los decretos legislativos emitidos desde la presidencia de la República sobre el aislamiento obligatorio, y demás impedimentos para el normal desarrollo de las actividades comerciales, industriales y laborales de los ciudadanos y en los que necesariamente toca relacionar a los funcionarios del aparato judicial, que no han podido desempeñar sus funciones como corresponde, y que adicionalmente, ya venían congestionados los despachos judiciales, donde incluso abrieron temporalmente juzgados de descongestión, situación que demuestra el mal tiempo que se avecina en lo judicial, que se puede pronosticar fácilmente como una tormenta de demanda de insolvencia económica, adelantadas por las denominadas empresas pequeñas y medianas (MYPIMES) que a pesar de todas las promesas hechas por el Presidente de la República, no han recibido en lo más mínimo ayuda alguna, consecuentemente iniciaran los respectivos procesos de insolvencia y reorganización empresarial, que saturarán los despachos civiles a nivel Nacional.
Concomitante, los ciudadanos y comerciantes iniciando los correspondientes procesos ejecutivos con diversos títulos valores (pagaré, cheque, letra de cambio), ya que sus deudores no han surtido el pago de la obligación contraída, por cuanto en muchos de los casos, no hay con que comer, menos con que pagar. Por otra parte, se avecina lluvia de demandas laborales, trabajadores que a raíz de la pandemia mundial fueron desvinculados de sus empleos, en algunos casos con despidos injustificados y otros disfrazados de retiros voluntarios, sin embargo todos convergerán en los juzgados laborales pretendiendo que le reconozcan sus derechos laborales, aquellas empresas que han venido solicitando la restructuración o declaratoria de insolvencia, que sintetiza en que ni unos ni otros obtendrán el dinero necesario para solventar las necesidades propias que aquejan a cada cual.
Por otro lado, desde hace cierto tiempo está cayendo una granizada de libertades por vencimiento de términos, respecto de personas privadas de la libertad, como quiera que, no se han realizado las audiencias en los tiempos que establece la ley, acomodando las circunstancias de esta situación, a la deficiente prestación del servicio público de internet, que no permite que se realicen las diligencias, aunado a ello, la pandemia mundial.
Todo lo anterior para concluir que, para la sociedad en general el pronóstico del tiempo judicial afectará un gran porcentaje de los hogares colombianos que tendrá que soportar por un lado la precaria economía, incumplimiento en las obligaciones comerciales, la desconfianza para la celebración de negocios a crédito, y como no hay suficiente efectivo el comercio irá en decadencia, finalizado probablemente en desordenes sociales, donde la única solución será esperar que el capitán de este barco llamado Colombia, se digne en este tiempo tan difícil a apoyar la clase media y baja de nuestra sociedad.
Por Óscar David Sampayo.