Ante la apelación de la Fiscalía contra la medida de libertad otorgada al alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres en el proceso que cursa en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá decidió revocarla e impuso detención en centro carcelario.
El abogado del mandatario, Isnardo Gómez Urquijo, expresó que aunque Torres no estuvo en la audiencia ya está informado de la decisión del juzgado y que en las próximas horas se entregará a la justicia. También dijo que se solicitará que la detención sea en la cárcel de Yopal.
Igualmente dijo que frente a la decisión del juez 19 que es de segunda instancia no procede por el momento ningún recurso de reposición. Sobre lo que dijo Torres Torres de la detención dijo que prefería no hacer comentarios.
Este proceso se suma al de urbanización ilegal por el cual Torres fue capturado el 13 de octubre de 2015 en Yopal, días antes de su elección como alcalde de esta ciudad. Posteriormente mediante maniobras jurídicas logró que jueces en Yopal le otorgaran prisión domiciliaria y luego libertad con vigilancia electrónica mediante brazalete.
Sobre este proceso, a pesar de que él aceptó el cargo de urbanización ilegal, aún no se ha podido dictar condena por dilaciones de la defensa que incluyen recusaciones, enfermedad, nuevas recusaciones y aplazamientos.
Antecedentes
El proceso se remonta a septiembre de 2014 cuando la exasesora de Torres Torres, Patricia Riveros denunciara que en una auditoría realizada por contadores y abogados de la empresa Ciudadela La Bendición SAS se evidenció manejos contables irregulares en esta y en otras empresas del mandatario, que llevó a los auditores a afirmar que se estaba ante la posible comisión de los delitos por los cuales la Fiscalía acusa a Torres, su esposa Dora Emilce López y su hermana Genny Milady Torres.
Para el seis de marzo la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos con el apoyo de la Dijincapturó a los esposos Torres-López en Yopal.
Posteriormente en audiencia realizada el ocho de marzo argumentó que la pareja engañó a la gente al venderles lotes en la ciudadela La Bendición, en un predio con problemas jurídicos al estar en un proceso de extinción de dominio por estar bajo investigación el origen de los recursos mediante el cual fue adquirido por quienes se lo vendieron a Torres (Hermanos Jairo y Leonardo Pérez Barreto).
Igualmente la Fiscalía expresó en su momento que el alcalde de Yopal evidencia un incremento injustificado de su patrimonio en 50 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2015 sin que las actividades de investigación permitan concluir la existencia de actividades lícitas que puedan justificar la procedencia de esos recursos.
El presunto enriquecimiento ilícito, derivaría entre otros, de la recepción de dinero por concepto del pago de los compradores de los inmuebles ubicados en la Ciudadela la Bendición, urbanización en el que se ofrecen cerca de 10.000 lotes y donde fueron construidas viviendas dentro de un bien embargado en un proceso de extinción de dominio y sin cumplir los requisitos legales, incurriendo en el delito de Urbanización ilegal.
A pesar de lo expresado por la Fiscalía en audiencia del nueve de marzo el Juez 72 de Control de Garantías estimó que la argumentación no era sólida y decidió no privar de la libertad a los esposos, situación por la cual la Fiscalía apeló la decisión y fue programada audiencia por este concepto para el ocho de junio; luego fue aplazada para el 16 de junio y nuevamente fue postergada para el cinco de julio.
Futuro de alcaldía de Yopal incierto
El futuro de la administración de Yopal sigue siendo incierto porque ahora con la detención del alcalde se configuraría una vacancia en el cargo, la cual inicialmente el gobernador de Casanare tendrá que suplir mediante un alcalde encargado mientras otras entidades como la Procuraduría se pronuncian sobre si la vacancia es temporal o absoluta.
Luego de que se conociera la noticia de la detención de Torres la alcaldía emitió un comunicado donde se expresaba que ante el desplazamiento del mandatario a Bogotá por asuntos administrativos delegó en su secretario privado Carlos Cárdenas las funciones de alcalde encargado por los días 5,6 y 7 de julio con resolución del primero de julio.