“¡Me iré a pagar arresto, pero no daremos un paso atrás contra la ilegalidad y el maltrato de los más necesitados! Fue lo que pronunció el acalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, a la hora de presentarse en la tarde de ayer ante el Comando de Departamento de Policía Casanare, para cumplir su detención.
El arresto de tres días más una multa de tres salarios mínimos mensuales corresponde al cumplimiento por parte del mandatario a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal, por incidente de desacato a acción de tutela que busca la recuperación y desalojo del predio donde se ubican alrededor de 500 familias, en el asentamiento humano denominado ‘Mi Nueva Esperanza’.
Según el alcalde Puentes, sí se han presentado alternativas de solución, supuestamente se viene trabajando en conjunto con la Gobernación de Casanare, en el análisis de esta problemática, para dar respuesta de fondo y poder reubicar a las familias que cumplan requisitos, en un predio que cuente con servicios públicos, para lo cual se contempla uno ubicado en inmediaciones al barrio Las Américas y contiguo a Villa David.
“Nosotros tenemos dos alternativas de solución, no en el corto plazo; esto pasa por la identificación y caracterización del grupo de familias susceptibles de vivienda, proceso que ya hicimos. La primera opción está en el plan parcial que se debe desarrollar en el sector de la Ciudadela La Bendición, donde hay una oportunidad de consolidar un banco de tierras y empezar a hacer las inversiones en materia de servicios.
La segunda alternativa es la que hemos venido estudiando con la Gobernación de Casanare. Recibo con beneplácito que el Departamento esté sentado con nosotros revisando la posibilidad de realizar esas obras, y que nos den la posibilidad, por lo menos este año, de darle la certeza a esta población, del sitio a donde van a ir a vivir en un futuro”.
Indicó el mandatario lo siguiente: “hoy tenemos que amparar los derechos de las dos partes, pero no puedo cumplir lo imposible, porque estamos hablando de conseguir de manera inmediata un predio que puede ser de 8 hectáreas, con servicios públicos asegurados, porque no vamos a repetir la historia de aquellos que sometieron a centenares y miles de familias a ocupar potreros, victimizando a esta población. La solución para Mi Nueva Esperanza está por alrededor de los 60 mil millones de pesos”.
Precisó que estos argumentos fueron presentados al juez mediante un escrito, donde se relaciona que el municipio no cuenta con un albergue para ubicar a las familias a desalojar, tampoco con los recursos que se requieren con el fin de dar una respuesta inmediata.